La Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema debe intervenir en el reclamo de la Provincia de Buenos Aires contra el DNU por el cual el gobierno de Javier Milei dejó de transferirle los fondos para las jubilaciones bonaerenses.
La procuradora adjunta Laura Monti se pronunció de esa manera en el marco del pedido de medida cautelar que formuló el gobernador Axel Kicillof.
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La Provincia de Buenos Aires deduce acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia DNU y que, en consecuencia, el Estado Nacional restablezca las transferencias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para compensar el déficit del régimen jubilatorio provincial.
El régimen de financiamiento de las jubilaciones provinciales se implementó a fines de 1999, durante el gobierno de la Alianza, cuando se firmó el «Compromiso Federal» (ratificado por ley) por el cual el Estado Nacional se comprometió a financiar los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos.
Según la Procuración, al ser la Provincia de Buenos Aires la que demanda al Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal, la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es que el proceso tramite ante los estrados de la Corte Suprema.