Conflicto entre La Pampa y Río Negro por la eliminación de la barrera sanitaria de carne. ¿Ganarán los consumidores o se perderán mercados?
La eliminación de la barrera sanitaria de carne entre La Pampa y la Patagonia reavivó un debate histórico: proteccionismo sanitario versus integración económica. La resolución 180/2025 del SENASA, vigente desde marzo de 2025, permitiría el ingreso de carne con hueso pampeana a la Patagonia, pero su suspensión temporal hasta junio refleja una pulseada política sin precedentes. Para La Pampa, liderada por Sergio Ziliotto, es un paso hacia la unidad nacional; para Río Negro, gobernada por Alberto Weretilneck, un riesgo sanitario y económico.
La barrera zoofitosanitaria patagónica, vigente desde 2003, protege el estatus de “libre de fiebre aftosa sin vacunación”, reconocido por la OMSA. Este sello habilita exportaciones premium a la UE, Israel y Japón, pero bloquea productos de regiones con vacunación obligatoria, como La Pampa. Ziliotto insiste en que Argentina es un país libre de aftosa: “Las barreras internas son anacrónicas y perjudican a los productores”. Su postura se apoya en frigoríficos pampeanos, que buscan ampliar su mercado hacia el sur con cortes populares como el asado.
Weretilneck, en cambio, acusa al gobierno nacional de “improvisación”: “La Patagonia no puede perder su estatus por una decisión inconsulta”. Los productores locales temen que la carne pampeana, con costos un 30% menores, invada el mercado. “El 65% de nuestra carne ya viene del norte, pero los precios no bajan”, declaró el gobernador rionegrino. Juan Peláez, secretario de Producción de Neuquén, agrega otro temor: “Si ingresan materiales de zonas con aftosa, pondríamos en riesgo décadas de trabajo”.
El debate sobre la calidad de la carne añade leña al fuego. La Pampa promociona su ganado alimentado a pasto como “igual de sabroso que el patagónico”, pero Río Negro resalta su valor agregado: el sello sin vacunación. Baldomero Bassi, de la Sociedad Rural del Alto Valle, es escéptico: “El consumidor no notará diferencia, pero los mercados internacionales sí”. Mientras Ziliotto promete “asado accesible”, Bassi responde: “Es una falacia: la logística encarece todo”.
Las movilizaciones sociales profundizan la tensión. ATE Río Negro y cámaras ganaderas realizaron cortes de ruta exigiendo la derogación total de la resolución. “No somos antiPampa, somos proPatagonia”, dijo un manifestante en Viedma. En respuesta, la Federación Agraria de La Pampa amenazó con llevar el caso a la Corte Suprema si no se reactiva la medida. “Es un derecho constitucional comerciar entre provincias”, argumentó su presidente, Ernesto Fernández.
El escenario actual es una tregua frágil. La suspensión de 90 días busca evaluar riesgos, pero las provincias patagónicas exigen que sea permanente. Weretilneck propone una alternativa: extender el estatus sin vacunación a La Pampa, Buenos Aires y Mendoza. “Uruguay y Chile lo lograron; Argentina puede imitarlos”, sostuvo. Para Ziliotto, esto es “dilatar una solución”: “La Pampa cumple estándares internacionales; no necesitamos cambiar”.
El conflicto trasciende lo sanitario. Es una puja entre modelos: uno prioriza mercados internos y precios bajos; otro, nichos exportadores de alto valor. Mientras el SENASA insiste en que los controles de transporte garantizan seguridad, los técnicos patagónicos piden auditorías independientes. “Sin transparencia, no hay confianza”, resumió Peláez. El consumidor patagónico, atrapado en la disputa, se pregunta si verá asados más baratos o si pagará las consecuencias de un conflicto que parece lejano, pero afecta su mesa.
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